El 4 de febrero de 2020, hace justo dos años, el recién investido ministro de Sanidad, Salvador Illa, presidió por primera vez un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la reunión con los consejeros autonómicos de Sanidad que ha terminado siendo la espina dorsal de la gestión contra la crisis sanitaria por la Covid-19. Ese día hay felicitaciones y mensajes de bienvenida, pero ya se trata de una reunión extraordinaria y "de urgencia", todavía presencial, para tratar un único punto del orden del día: valorar "la epidemia causada por el virus 2019-NCOV", al que se denomina "virus de Wuhan". Lo que siguió han sido dos años en de una pandemia que empezó en España sin material sanitario y de protección suficiente, sumió a los responsables políticos que debían gestionarlos en el mismo estupor que a la ciudadanía y, avanzados los meses, las muestras de solidaridad y cooperación entre ellos dio paso a las desavenencias y el conflicto. 

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Todo esto se refleja en las actas de los consejos interterritoriales desde principios de 2020 hasta mitad de noviembre de 2021 que 20minutos ha estado publicando toda esta semana. Este periódico ha tenido acceso a los documentos en bloque a través del Portal de Transparencia 21 meses después de las primeras reuniones sobre la Covid y solo después de que fueran aprobadas en reunión ordinaria del Consejo, el pasado 2 de diciembre. Quedan fuera los últimos plenos donde la ahora ministra, Carolina Darias -que sucedió a Illa en enero de 2021-, y consejeros reaccionaron a la llegada de la variante ómicron que desató una atípica sexta ola -mucho más contagiosa pero mucho menos grave- y descartaron decretar restricciones 'clásicas' como cerrar discotecas o reducir aforos de la hostelería para hacerle frente.

Estupor

Si los documentos pdf pudieran hablar, seguramente lo que se habría escuchado de ellos en el mes de marzo de 2020 serían voces quebradas, las del ministro pero sobre todo de los consejeros autonómicos. Las semanas que precedieron y siguieron a la declaración del primer estado de alarma  -el 14 de marzo de 2020- los consejos interterritoriales muestran una sucesión de comentarios sobre el aumento de contagios en sus territorios -primero a cuenta a gotas, luego por transmisión comunitaria- y de las distintas situaciones se plantean, desde qué hacer con los jóvenes a los que se les ha cerrado las clases, con los partidos de fútbol de competiciones europeas o con las ceremonias de la Iglesia Evangélica.

Probablemente no volvieron a vivirse situaciones de tanta angustia, aunque la pandemia todavía tenía que pasar por otras cuatro olas, siendo la tercera una de las más complicadas como consecuencia de la Navidad de 2020. De menor intensidad a la de tener UCIs suficientes, se percibe mucho nerviosismo por la falta de información que achacan las comunidades al Gobierno antes de empezar a vacunar o ante los primeros fallos de suministro de dosis, puesto que los consejeros veían que ahí se jugaban la confianza de los ciudadanos en el proceso de vacunación que tan buen resultado ha tenido. Meses más tarde, por los sucesivos cambios en la administración de AstraZeneca.

Otra preocupación que recorre las actas en los momentos clave es la relativa a cómo comunicar lo que estaba sucediendo a la población. Según predijo en febrero de 2020 el consejero de Extremadura, "la crisis sanitaria desatada, puede convertirse también en una crisis política, económica y social". Para intentar evitarlo -no siempre con éxito-, son frecuentes los comentarios sobre planes para difundir la información de forma coordinada, reservas sobre cuestiones "sensibles" como ha sido siempre el del número de fallecidos o para tratar de dirigir la actitud de la ciudadanía. Hacia la "prudencia" y la "responsabilidad", que han sido llamamientos constantes o, por ejemplo, cuando tras declaración del segundo estado de alarma, el Consejo contempla que debe "mantenerse la tensión" entre los ciudadanos para que sigan alerta ante la Covid, a pesar de la "fatiga pandémica" que está dando lugar a altercados. 

Las tensiones vividas durante meses y meses se cristalizan en un comentario que hace el 23 de diciembre de 2020 la consejera de La Rioja, Sara Alba. Ante la inminente llegada de las vacunas, se muestra "muy satisfecha" porque "se pueda estar debatiendo por fin una noticia como la de la vacunación contra la Covid, tan esperada".

Imprevisión

Exceso de optimismo o ceguera ante una historia que se repetía. La primera ola anegó el país poco después de que el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, dijera aquello de que "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado" y no sería la única vez que minimizó el riesgo en sus previsiones.

No lo hizo solo, porque en los primeros compases de la crisis nadie puso en duda las previsiones de Sanidad. El 4 de febrero de 2020 el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, "reconoció especialmente la labor del director del CCAES, que ha sido capaz de transmitir calma y credibilidad en esta crisis, que, parece, va remitiendo". Durante el aciago marzo de 2020, las actas no reflejaron comentarios ni reproches sobre el hecho de que hasta pocos días antes de decretarse el confinamiento se hubieran permitido partidos de fútbol, mítines políticos o las manifestaciones del 8-M. 

La falta de material sanitario y de protección en los primeros tiempos fue uno de los efectos más dramáticos de una primera actitud por parte del Ministerio de Sanidad, que en una misma reunión defendía la fuerza del Estado para centralizar las compras en el turbio mercado internacional por aquellos días como daba vía libre a las comunidades para que lo intentaran por su cuenta.

Lo peor es que ministros y consejeros volvieron a tropezar con la misma piedra menos de un año después, cuando aún tardaron semanas en ver que se aproximaba la tercera ola, después de la Navidad de 2020, que provocó más de 10.000 muertos, a pesar de los cierres perimetrales, los toques de queda y de intentar controlar cada detalle, como el número de convivientes o allegados que podían cenar juntos. A mitad de diciembre de aquel año el análisis era que el puente de la Constitución no había afectado. La petición de "muchísima prudencia" no llegó hasta la víspera de Nochebuena, mientras que una semana después, Simón apuntó a una "cierta estabilización de los casos", en una ola cuyo pico no se rebasaría hasta bien entrado febrero.

El inicio de la vacunación, organizada hasta el último milímetro por Ministerio y comunidades, también falló por imprevisión o, de nuevo, exceso de confianza en que llegarían todas las dosis prometidas por los laboratorios. Esto llevó a llla a decirle a los consejeros que no tenían por qué guardar vacunas para administrar segundas dosis, que finalmente se comprobó que era lo recomendado.

Cooperación

Las actas del Consejo confirman una máxima que durante meses se repetía en las comunidades, que sus reuniones no eran tan fieras como después pintaban las declaraciones públicas de unos y otros. Se podría decir que una cosa es hacer política y otra gestionar la mayor crisis sanitaria que se recuerda.

Las muestras de solidaridad, los comentarios de apoyo y la predisposición para ayudar fueron, de hecho, constantes. Por ejemplo, en los primeros días cuando Madrid, La Rioja y Navarra eran los focos de contagios que apenas llegaban al resto. O los comentarios de respaldo que recibió la consejera de Baleares, Patricia Gómez, en el primer Consejo Interterritorial ordinario y presencial desde 2019, cuando en el inicio de la quinta ola manifestó que empezaba a no saber qué hacer con los estudiantes del resto de España que se encontraban de viaje de fin de curso en Mallorca.

Conflicto

Pero las discrepancias han sido también muchas a lo largo de una crisis sin precedentes que dura ya casi dos años. Las más sonadas han sido entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid -por ejemplo, por el cierre perimetral de municipios de la región o durante la desescalada-, pero no han sido los únicos.

La primera pelea surgió apenas un mes después de decretarse el primer estado de alarma y el motivo fue el reparto de un primer fondo de ayuda de 300 millones, que llevó al secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, a hacer un ruego muy elocuente: "No se trata de mirar por el interés propio de cada comunidad, sino de ver cómo repartir 300.000.000 euros con unos criterios homogéneos. Se ruega que se haga un ejercicio de tomar esa perspectiva vinculada a la crisis sanitaria actual".

Eran todavía los tiempos en los que Sanidad buscaba el consenso en un CISNS en el que antes no se solían celebrar votaciones porque se alcanzaban soluciones que pudieran apoyar todos. Con el paso de los meses, las discusiones tensaron la cuerda entre comunidades y Ministerio, no siempre en la misma direcciones, y la unanimidad fue siendo cada vez más frecuente.

En algunas ocasiones, por ejemplo, recientemente para retirar la mascarilla por la calle, las comunidades del PP han hecho frente común y de oposición al Ministerio de Sanidad. En otras, consejeros de todo signo político reclamaban una posición distinta a la del Gobierno, como para permitir la segunda dosis de AstraZeneca. En otras, el eje ha sido nacionalismo no nacionalismo, como las pegas que las consejeras del País Vasco y Cataluña pusieron a planes comunes para Navidad o incluso a la Estrategia de Vacunación porque sus comunidades ya tenían las suyas "propias". 

Pocas veces, sin embargo, Sanidad afrontó tantas posturas en contra como cuando arreciaba la tercera ola y los consejeros pedían semana tras semana al Gobierno que actuara y reforzara el decreto del segundo estado de alarma, por ejemplo, para permitirles adelantar la hora del toque de queda. Illa y después Darias se mantuvieron impasibles para que en su lugar fueran las comunidades quienes decretaran por su cuenta más restricciones, en un pulso que también marcó la gestión de la pandemia que reflejan las actas.